El gobernador Rogelio Frigerio prometió en su discurso de asunción impulsar un paquete de leyes anticorrupción. Mencionó cinco normas: las leyes del Arrepentido, de Ética Pública, de Acceso a la Información Pública, de Extinción de Dominio y de Ficha Limpia.
La Ley del Arrepentido que Frigerio pretende replicar en Entre Ríos se sancionó en 2016 a nivel nacional y busca romper los pactos de silencio en las organizaciones criminales.
Puntualmente, apunta a que imputados por distintos delitos (corrupción, narcotráfico, contrabando, trata, etc) colaboren brindando información verificable al Poder Judicial a cambio de una reducción de la pena que puede ir desde la mitad hasta un tercio. En Entre Ríos hay una figura distinta, pero con resultados similares, que es el juicio abreviado.
La Ley de Ficha Limpia rige en varias provincias, entre ellas Santa Fe, donde se aprobó una norma a fines de 2022. Instaura un mecanismo que impide acceder a cargos políticos a personas con condena firme por hechos de corrupción, delitos contra la integridad sexual y deudores alimentarios. A nivel nacional, una norma similar fue impulsada por el PRO, pero no logró consenso.
La Extinción de Dominio, en tanto, fue instituida a principios de 2019 por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el entonces presidente Mauricio Macri. La herramienta permite al Estado recuperar bienes vinculados a delitos de corrupción y narcotráfico sin necesidad de que exista una condena penal que ordene el decomiso.
En el caso de la Ley de Ética Pública, Frigerio explicó que pretende que las declaraciones juradas de los funcionarios sean públicas para que los ciudadanos puedan saber con cuánto patrimonio llega alguien al gobierno y con cuánto se va.
En Entre Ríos, los funcionarios tienen la obligación de presentar su declaración jurada de bienes en la Contaduría General de la Provincia. En los últimos días, se emitió una circular recordatoria del trámite para los nuevos funcionarios.
El régimen es cerrado, al igual que el de las declaraciones juradas presentadas ante AFIP, que están protegidas por el secreto fiscal. La vieja reglamentación incluye detalles tales como la presentación obligatoria en sobre lacrado. Estos sobres sólo se abren a requerimiento del Poder Judicial, por ejemplo en el caso de una investigación por enriquecimiento ilícito.
Una normativa impulsada por el gobierno de Frigerio podría, por ejemplo, obligar a que esta documentación sea publicada online a disposición de la ciudadanía.
